El pasado 9 de marzo entró en vigor la nueva Ley de Contratos del sector público, que pretende que al menos el 3% de la licitación pública sea I+D+i, para de esta manera transformar y diversificar la economía española, basándose cada vez más en el conocimiento.

En este nuevo escenario se establecen las herramientas necesarias para un modelo de contratación pública más transparente, estratégica e inteligente, con medidas de impulso a la I+D+i y al desarrollo sostenible.

Dentro de esta nueva ley surge una nueva forma de compra pública, la Compra Pública Innovadora (CPI), encaminada a favorecer la innovación.

¿Qué es la Compra Pública Innovadora?

La Compra Pública Innovadora (CPI) es una política de fomento de la contratación pública con Pymes, emprendedores y empresas que realicen una apuesta tecnológica.

A través de este nuevo modelo de contratación pública, la entidad pública saca a concurso un contrato para satisfacer una necesidad no cubierta mediante una solución innovadora y, al mismo tiempo promueve la innovación en las empresas que la desarrollarán.

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Procedimientos de Compra Pública Innovadora

Se establecen dos procedimientos de contratación y adjudicación de Compra Pública Innovadora (CPI) por parte de la Administración pública:

• Compra Pública de Tecnología Innovadora (CPTI): se adquiere un bien o servicio que no existe en el momento de la compra, pero se puede desarrollar en un tiempo razonable, el sector público se convierte en el primer cliente o cliente de referencia.
• Compra Pública Precomercial (CPP): el comprador público comparte con las empresas los riesgos y beneficios de la contratación de los servicios de I+D.

Objetivos de la CPI

A través de la Compra Pública Innovadora (CPI) se conseguirían los siguientes objetivos:

• Mejora de los servicios públicos a través de la incorporación de bienes o servicios innovadores.
• Fomento de la innovación empresarial.
• Impulso a la internacionalización de la innovación, el mercado público local se convierte en cliente de referencia.

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